La hermenéutica teológica del derecho canónico: ¿Límites al método histórico-jurídico?

 

La interpretación de las normas en el derecho canónico exige equilibrar su dimensión jurídica con la realidad teológica subyacente a la Iglesia. A diferencia del derecho civil, en el que predomina un enfoque histórico-positivo, el derecho canónico «es teológico, es sagrado», estando llamado a traducir el Evangelio en suprema ley de caridad y libertad. Este ensayo analiza en detalle la hermenéutica teológica en la aplicación del Código de Derecho Canónico de 1983, frente al método histórico-jurídico clásico. Se examinarán los límites de una interpretación puramente histórica, destacando la necesidad de una exégesis que integre la naturaleza divina de la Iglesia. Para ello, se estudiarán las normas canónicas de interpretación, sentencias jurisprudenciales –principalmente de la Rota Romana– en materia de nulidad matrimonial, actos administrativos y derecho penal, incluyendo antecedentes históricos, y se evaluará cómo los tribunales eclesiásticos han conjugado la letra de la ley con su espíritu teológico. Se atenderá especialmente a casos prácticos, como la eficacia retroactiva de actos administrativos inválidos, articulando un enfoque práctico-jurisprudencial más que teórico.

Desarrollo doctrinal y normativo

La interpretación canónica se rige ante todo por el canon 17 del CIC 1983, que manda entender las leyes “según el significado propio de las palabras, considerado en su texto y contexto”; y si persiste duda, acudir a lugares paralelos, la finalidad y circunstancias de la ley y la intención del legislador. Esta norma positiva de hermenéutica refleja un método inicial gramatical e histórico (texto y contexto), complementado por uno teleológico (fin e intención del legislador). De hecho, el legislador eclesial –el Romano Pontífice y, en su ámbito, el Concilio Ecuménico– suele expresar sus intenciones en documentos magisteriales concomitantes a la ley. Un ejemplo fundamental es la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges de Juan Pablo II, que promulgó el Código de 1983, donde se afirmó que el nuevo Código es fruto del Concilio Vaticano II y que “en cierto modo puede concebirse… como el gran esfuerzo por traducir al lenguaje canonístico esa misma doctrina, es decir, la eclesiología conciliar”, debiendo referirse siempre a la imagen de la Iglesia delineada en el Vaticano II como “modelo principal”. Esta declaración programática confiere una dimensión teológica intrínseca a la interpretación del Código: no basta el análisis histórico de las fuentes jurídicas precedentes, sino que cada canon ha de leerse a la luz de la eclesiología de Lumen Gentium y las enseñanzas conciliares.

En términos normativos, además del c. 17, varias disposiciones del Libro I del Código subrayan cómo ha de interpretarse la ley canónica. El c. 16 distingue la interpretación auténtica (por el legislador) –que si aclara meramente el texto tiene efecto retroactivo, pero si restringe o amplía la ley no lo tiene– de la interpretación judicial o administrativa en casos particulares, la cual “no tiene fuerza de ley” más allá del caso resuelto. El c. 18 prescribe que las leyes penales o restrictivas de derechos se interpreten “estrictamente”, reflejando un principio común con otros sistemas jurídicos para proteger garantías legales. El c. 19, por su parte, orienta sobre lagunas legales: ante ausencia de ley expresamente aplicable, el juez ha de recurrir a leyes análogas, principios generales del derecho canónico, la jurisprudencia y praxis de la Curia Romana y la opinión común de los doctores en derecho. Esta referencia explícita a la doctrina y praxis histórica demuestra la importancia del método histórico-jurídico: la tradición canónica (ius commune, decretales, códigos previos) ilumina la comprensión del derecho vigente. Sin embargo, tal recurso histórico tiene límites cuando el ordenamiento ha sido renovado teológicamente. Por ejemplo, interpretar el canon sobre el matrimonio únicamente con categorías del Código de 1917 ignoraría que el Código de 1983 asumió la visión conciliar del matrimonio como “comunidad de vida y amor” (cf. GS 48) y no solo contrato con fines procreativos. De hecho, Gaudium et Spes influyó en la redacción del c.1055 CIC-1983, que define el matrimonio como alianza orientada al bien de los cónyuges y elevada a sacramento entre bautizados, algo ausente en 1917. Así, el método histórico (p. ej., comentar un canon según la intención de legisladores pasados o glosas clásicas) debe ceder ante la hermenéutica teológica viva derivada del Concilio y el Magisterio actual. Como dijo Juan Pablo II, el nuevo Código debe expresar en lo posible la “imagen de la Iglesia” del Vaticano II; por ende, la finalidad salvífica y la comunión eclesial (LG 9) han de permear su interpretación.

En la praxis, la propia legislación canónica incorpora criterios teológicos que limitan una exégesis meramente histórica. El c. 1752 CIC, final del Código en materia procesal, establece que “habiendo de observarse la equidad canónica, y atendido el bien público y la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia, se debe proceder…”. Esta cláusula –salus animarum suprema lex– funciona como cláusula hermenéutica general: ninguna interpretación, por fiel que sea a precedentes históricos, es válida si contraría la salvación de las almas, fin último del derecho de la Iglesia. Por tanto, los criterios históricos o incluso la estricta literalidad jurídica encuentran un límite en este principio teológico superior. Un ejemplo normativo aparece en el c. 1405 §4 CIC-1983, que admite la convalidación sanatio in radice de matrimonios nulos ex defectu formae incluso sin conocimiento de las partes, con efecto retroactivo (ex tunc) al inicio del matrimonio. Esta figura –que no tiene exacto paralelo en el derecho civil– refleja una economía salvífica: se privilegia la validez sacramental retrotrayendo efectos, por el poder de la Iglesia, aun contra la regla general de irretroactividad de los actos nulos (cfr. c. 9: las leyes rigen para futuro, no retroactivamente). Vemos aquí cómo el criterio teológico (sanar in radice un vínculo por el bien de las personas y los hijos) modera la consecuencia que históricamente sería automática (matrimonio nulo ab initio por falta de forma).

Análisis crítico: jurisprudencia y práctica hermenéutica

Desde 1983, la jurisprudencia canónica ha debido aplicar estos principios hermenéuticos en casos concretos, revelando la tensión (y armonía) entre el método histórico-jurídico y la interpretación teológica. En materia de nulidad matrimonial, la Rota Romana ha desarrollado abundantemente la exégesis de cánones nuevos inspirados en el Concilio. Un caso paradigmático es la Sentencia coram Pinto, 18 junio 2010, que declaró la nulidad de matrimonio por una condición de futuro ilícitamente incorporada al consentimiento. El canon 1102 §1 CIC-1983 prohíbe contraer bajo condición de futuro, so pena de invalidez, reiterando lo ya previsto en el c.1085 §2 del Código de 1917. En la sentencia de 2010, el ponente Mons. Pinto confirmó esta continuidad: “El matrimonio celebrado bajo condición de futuro es inválido”, tal como doctrinalmente había expuesto el Card. Pompedda años antes. Lo interesante es que el tribunal examinó la voluntad real de la parte condicionante a la luz de la doctrina canónica sobre el matrimonio, indagando si existió conditio expresa o implícita contraria a la bonum conjugum. Aunque la solución jurídica se apoyó en la norma histórica (la misma sanción de nulidad que en 1917), la ratio decidendi evidenció una hermenéutica teológica: se destacó que una condición que subordina el vínculo sagrado a un evento temporal futuro contradice la entrega incondicional propia del matrimonio cristiano. Además, la Rota impuso un vetitum o restricción pastoral para nuevas nupcias al cónyuge que impuso la condición, subrayando la dimensión moral y espiritual de su conducta. Así, vemos un caso en que el método histórico-jurídico (aplicar la regla tradicional de nulidad por condición) fue complementado por una valoración teológico-moral del acto, acorde con la visión canónica del matrimonio como alianza irrevocable.

En el ámbito de los actos administrativos y la potestad de gobierno, la jurisprudencia ha debido conciliar el principio de legalidad con la equidad y la misión pastoral de la Iglesia. Un ejemplo lo ofrece la Sentencia del Tribunal de la Signatura Apostólica de 15 de enero de 2016 (rec. Prot. N. 53106/17) relativa a la remoción de un párroco y su situación subsiguiente como clérigo “cesante”. En este caso, un sacerdote había presentado renuncia al oficio parroquial, luego la impugnó alegando vicios en su consentimiento, y posteriormente fue removido de otro cargo pastoral por conflictos graves, enfrentándose además a medidas disciplinarias por conducta impropia. La Signatura Apostólica –máxima instancia contencioso-administrativa de la Iglesia– analizó si la autoridad diocesana había cumplido las normas procesales de los cc. 1740-1747 CIC (que exigen causa justa, consulta a dos párrocos, admoniciones al clérigo, etc., antes de removerlo). Históricamente, los obispos tenían amplia discrecionalidad para deponer párrocos por el bien de las almas, según el principio tradicional del bonum animarum. Sin embargo, el Código de 1983, en desarrollo de Lumen Gentium 27 (que concibe la autoridad como servicio) y respetando también derechos de defensa (cfr. c. 221 CIC), impone límites jurídicos a ese poder. La Signatura, en una hermenéutica atenta a la dignidad de la persona y a la justicia canónica, declaró nulo el acto administrativo de aceptación de renuncia por no haberse cumplido las condiciones canónicas requeridas. Igualmente, examinó la validez de la remoción posterior, subrayando que la caridad pastoral no exime de la observancia del Derecho. Aquí, la hermenéutica teológica se manifiesta en ver la ley de la Iglesia no como mera formalidad histórica, sino como garantía de justicia dentro de la comunidad de fieles: la autoridad sagrada del Obispo se ejerce válidamente solo cuando refleja la communio y el respeto a los derechos que el propio legislador eclesial, iluminado por el Concilio, ha consagrado. En suma, los tribunales vaticanos han puesto límites al método histórico en la medida en que un obispo no puede invocar una praxis histórica de intervención ad nutum sobre párrocos soslayando las normas actuales, pues éstas encarnan un equilibrio teológico entre la potestad jerárquica y la tutela de las almas involucradas.

Otro terreno sensible es el del derecho penal canónico y las garantías de los fieles. El Código de 1983, coherente con Gaudium et Spes en cuanto al respeto de la persona, fue más benigno y garantista que el de 1917. Por ejemplo, estableció en el c. 1323 eximentes de responsabilidad penal (edad, ignorancia, etc.) que requieren una interpretación en favor del reo (c. 18 CIC). Un caso ilustrativo se encuentra en jurisprudencia rotal penal de décadas recientes: la Rota (que excepcionalmente conoce apelaciones penales de tribunales diocesanos) ha debido interpretar el alcance de eximentes por trastornos psíquicos en clérigos acusados de delitos. Históricamente, ciertas conductas eran castigadas automáticamente (p. ej., la violación del sigilo sacramental conllevaba excomunión latae sententiae ya en el Decreto de Graciano). Hoy, al juzgar, por ejemplo, a un sacerdote acusado de un delito canónico, los jueces aplican el canon 1321 §1, que exige dolo o culpa para la imputabilidad, teniendo presente la máxima odiosa restringi et favores convenit ampliari (lo desfavorable se interpreta estrictamente, lo favorable ampliamente). Así, en un caso hipotético de un clérigo con perturbación mental que comete un delito, el tribunal podría apoyarse en peritajes psiquiátricos modernos (c. 1574 CIC) y en doctrina teológica sobre la imputabilidad moral para atenuar o eximir pena, aunque la norma penal en abstracto (c. 1395, por ejemplo) prevea una sanción grave. La hermenéutica teológica aquí recuerda que la finalidad de las penas canónicas es medicinal más que retributiva, orientada a la corrección y la salvación del infractor (cfr. cc. 1341 y 1312 CIC). Este énfasis teleológico impide una lectura puramente literal o histórica de la ley penal: se debe ponderar el bien espiritual del fiel, tal como la Iglesia lo ha reconocido en el desarrollo del derecho penal canónico postconciliar.

La interacción entre interpretación teológica y método histórico se aprecia también en cuestiones de eficacia temporal de los actos jurídicos eclesiales. Un asunto debatido es la retroactividad de los actos administrativos inválidos. En principio, un acto nulo se tiene por no existente (quod nullum est, nullum producit effectum). Sin embargo, casos prácticos complejos exigen matices: ¿qué ocurre si se declara la nulidad de un decreto episcopal años después de haberse emitido? ¿Quedan ipso iure invalidados todos los efectos producidos? La praxis eclesiástica ha oscilado, debiendo conjugar la seguridad jurídica (propia del método legal histórico, que diría que el acto nulo no obliga desde el inicio) con la equidad pastoral. La jurisprudencia administrativa reciente tiende a reconocer que la anulación de un acto administrativo “borra su historia” hacia el pasado, salvo derechos de terceros de buena fe. Por ejemplo, si un obispo erigió inválidamente una parroquia y años más tarde se anula ese decreto, habitualmente se considera que la parroquia de iure nunca existió; pero los actos pastorales realizados (sacramentos válidos, etc.) permanecen válidos por economía de gracia. Asimismo, la autoridad superior puede convalidar pro bono algunos efectos. Este campo muestra los límites de mecanizar criterios históricos: la Iglesia aplica aquí una hermenéutica inspirada en la justicia canónica, evaluando caso por caso con principios de equidad (c. 19 CIC) para evitar perjuicios al bien de las almas. Un contraste ilustrativo se puede hacer con el derecho civil: en el ordenamiento español, un acto administrativo anulado judicialmente permite a la Administración dictar otro con eficacia retroactiva para reconocer derechos legítimos no cuestionados. En el derecho canónico, si bien no existe una regulación tan explícita, la autoridad eclesiástica puede dictar un nuevo decreto subsanando las deficiencias del anterior y, si lo considera oportuno, otorgarle efectos retroactivos en favor del fiel. Todo ello se fundamenta no solo en principios de derecho administrativo general, sino en la caridad y la equidad canónica, que son valores teológicos.

Mirando con perspectiva histórica, se constata que la hermenéutica canónica siempre ha implicado esta doble vertiente: por un lado, la fidelidad al ius conditum (lo establecido) y a la tradición jurídica; por otro, la apertura al Espíritu y a la misión pastoral presente. Ya el maestro Graciano en el siglo XII, al compilar el Decretum, empleó un método teológico-jurídico al armonizar cánones aparentemente contradictorios, recurriendo a la razón teológica y al principio de equidad para lograr la concordia discordantium canonum. Igualmente, comentaristas clásicos como Juan de Torres (s. XVII) integraron en sus glosas el pensamiento de teólogos y canonistas, reconociendo que el derecho de la Iglesia no puede interpretarse al margen de la teología dogmática. En épocas más recientes, por ejemplo, a finales del siglo XIX y XX, la Rota Romana desarrolló criterios ante cuestiones nuevas (matrimonios mixtos, demencia, etc.) basándose en la tradición, pero abiertos a los avances científicos y doctrinales. Así, en 1959 se dictaron hasta once sentencias rotales sobre nulidad matrimonial por demencia o trastorno mental, aplicando el concepto de amentia del c.1081 1º del CIC-1917. Aquella jurisprudencia, aunque anclada en el texto histórico del antiguo código, anticipó con sentido pastoral lo que más tarde el c.1095 del CIC-1983 recogería de modo más preciso sobre la incapacidad psíquica para consentir. Este ejemplo histórico evidencia cómo la praxis jurisprudencial de la Iglesia ha sabido muchas veces adelantarse al texto escrito, guiada por una comprensión teológica del fenómeno jurídico (en este caso, el matrimonio como acto humano sujeto a condicionamientos psicológicos). En consecuencia, podemos afirmar que el método histórico-jurídico en derecho canónico encuentra su plena realización solo cuando se deja iluminar por la hermenéutica teológica, es decir, por la luz de la fe y de la razón teológica que explicitan la mens legislatoris última: la salvación y el bien integral de las personas en la Iglesia.

Síntesis

La hermenéutica teológica del derecho canónico no es un contrapeso opuesto al método histórico-jurídico, sino su complemento necesario y rectificador. El análisis realizado demuestra que, si bien el estudio de la letra de la ley, su evolución histórica y precedentes jurisprudenciales es imprescindible para aplicar correctamente el derecho de la Iglesia, existen límites claros a una interpretación puramente histórica. La naturaleza peculiar del derecho canónico –ordenamiento de la comunidad de fe, Pueblo de Dios (LG 9) y sacramento de salvación (LG 48)– exige que la exégesis jurídica incorpore los principios teológicos y pastorales. Estos principios, emanados del Magisterio (Concilio Vaticano II, Catecismo, alocuciones papales) y de la propia finalidad de las normas, aseguran que la interpretación legal no se divorcie del espíritu evangélico.

En la praxis, los tribunales eclesiásticos, especialmente la Rota Romana y la Signatura Apostólica, han aplicado una hermenéutica integradora: desde la nulidad matrimonial por causas psíquicas o condiciones ilícitas (donde se equilibra la norma con la verdad sacramental del matrimonio) hasta la revisión de actos administrativos y penas canónicas (donde la legalidad histórica se subordina a la justicia y caridad pastoral). Cada caso estudiado revela que la mens legislatoris en el derecho canónico contemporáneo no puede aislarse de su contexto teológico: el Código de 1983 “ha de ser referido siempre” a la eclesiología conciliar. Así, por ejemplo, un canon procesal se interpreta a la luz del derecho de defensa (cf. Gaudium et Spes y Dignitatis Humanae sobre la dignidad de la persona), un canon penal se aplica considerando la medicina del alma, y un canon administrativo se lee atendiendo al servicio pastoral de la autoridad (LG 27). En definitiva, el método histórico-jurídico encuentra su límite –o más bien su plenitud– en la hermenéutica teológica: la historia y la letra de la ley se iluminan con los principios vivos de la Tradición y la fe. Lejos de relativizar la norma, esta hermenéutica integral le devuelve su sentido más profundo y su auténtica finalidad en la Iglesia.

En conclusión, la interpretación del derecho canónico requiere un equilibrio dinámico: ni un positivismo rígido aferrado al pasado, ni un teologismo abstracto desvinculado del texto legal. Los jueces eclesiásticos, abogados rotales y canonistas están llamados a ser hermeneutas a la vez fieles y creativos, conscientes de que “la letra mata, pero el Espíritu vivifica” (2 Cor 3,6). El método histórico-jurídico aporta seguridad y continuidad, mientras la hermenéutica teológica aporta vida y verdad sustancial. Unidas, ambas aproximaciones garantizan que el derecho de la Iglesia siga siendo auténtico instrumento de salvación (JP II) al servicio de la comunión eclesial y del salus animarum, suprema ley que nunca prescribe.

---

Referencias

Bibliografía

• Bogarín Díaz, J. (2014). La condición potestativa en una reciente rotal (Sentencia coram Pinto de 18 de junio de 2010: comentario, texto y traducción). Anuario de Derecho Canónico, 3, 325–381 dialnet.unirioja.es dialnet.unirioja.es. Disponible en Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4952652.
• Serrano Ruiz, J. M. (1960). Jurisprudencia canónica: Las sentencias de la Rota Romana en 1959. Estudios Eclesiásticos, 34, 285–312 summa.upsa.es. (Resumen de jurisprudencia rotatoria sobre incapacidad por demencia).
• Navarro, J. (2002). Interpretación de la ley canónica y mens legislatoris: Comentario al c. 17. En J. I. Arrieta (Ed.) Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico (Vol. 1, pp. 391–402). Pamplona: Universidad de Navarra.
• Orsy, L. (1987). Theology and Canon Law: New Horizons for Legislation and Interpretation. Collegeville, MN: Liturgical Press.
• Hervada, J. (1993). Introducción crítica al Derecho Canónico. Pamplona: EUNSA. (Especialmente cap. 2, “El derecho de la Iglesia, ¿derecho teológico?”).

Legislación y magisterio

• Concilio Vaticano II. (1964). Constitución Dogmática Lumen Gentium. AAS 57, 5–75vatican.vavatican.va. (Sobre la naturaleza y constitución de la Iglesia, fundamento teológico del Derecho canónico).
• Concilio Vaticano II. (1965). Constitución Pastoral Gaudium et Spes. AAS 58, 1025–1115 vatican.va. (Especialmente núms. 48–52 sobre la dignidad del matrimonio y la familia).
• Pablo VI. (1965). Declaración Dignitatis Humanae. AAS 58, 929–946. (Relevante para los derechos de la persona en la Iglesia).
• Juan Pablo II. (1983). Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges. AAS 75 (II), vii–xivvatican.vavatican.va. (Promulgación del Código de 1983; destaca la traducción de la eclesiología conciliar en normas jurídicas).
• Código de Derecho Canónico. (1983). (Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus). Ciudad del Vaticano: Librería Editrice Vaticana, wipo.int, wipo.int. (Código vigente de la Iglesia latina, con traducción española oficial, 1983).
• Juan Pablo II. (1987). Alocución a la Rota Romana (25 enero 1987). AAS 79, 1453–1460 iuscanonicum.org. (Sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad matrimonial).
• Francisco. (2015). Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. AAS 107, 958–970. (Reforma del proceso canónico de nulidad matrimonial, incidiendo en la celeridad y la centralidad del obispo).

Jurisprudencia

• Tribunal de la Rota Romana – Sentencia coram Pinto (18 junio 2010). Prot. N. Null. (Nulidad matrimonial por condición de futuro) dialnet.unirioja.es dialnet.unirioja.es. Texto latino y traducción en J. Bogarín (2014), pp. 326–381.
• Tribunal de la Rota Romana – Sentencia coram Caberletti (20 diciembre 2013). Prot. N. 21133, Sent. 368/2013revistas.comillas.edurevistas.comillas.edu. (Tercer grado, causa Vianen-Castelli sobre existencia de matrimonio). Publicada en Estudios Eclesiásticos, 91(359), 963–1007.
• Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica – Sentencia (15 enero 2016). Prot. N. 53106/17 CA researchgate.net researchgate.net. (Remoción de párroco y estado de “cesante”). Publicada en Ius Canonicum, 63(126), 803–818, con nota de A. Viana (2023).
• Tribunal de la Rota Romana – Sentencia coram Sabattani (22 febrero 1963). Ap. Sig. Prot. **/62. (Nulidad matrimonial; se cita precedente de 1920 sobre forma canónica researchgate.net). Texto latino en Decisionum Rotae Romanae, vol. 55 (1963), pp. 210–220.
• Tribunal de la Rota Romana – jurisprudencia variada (1954–1983). Véanse resúmenes en Serrano Ruiz (1960) summa.upsa.es y en Monitor Eclesiástico (varios años), p. ej. casos sobre demencia (1959) y simulación del consentimiento (1975, coram Stankiewicz).